Un marco jurídico que pautara el cuidado de los animales en Cuba resultaba un pedido de los animalistas cubanos desde hace varios años atrás. Todas las patas estaban en el aire – me robo el título de un libro de cuentos de Rafael de Águila – en espera de que el gobierno legislara sus peticiones.
El mayor trasiego sobrevino en el proceso de reforma constitucional. Durante el análisis popular del proyecto de Carta Magna, varios ciudadanos solicitaron dicha ley aunque la llamaban de Protección y no de Bienestar. Sin embargo, aunque parezca una nimiedad semántica dicho remplazo, en él viene incluido todo un cambio en la concepción y aplicación de la Ley: el primero concibe a los animales como seres independientes al hombre con sus derechos propios; mientras que el segundo, asume la interrelación que existe entre fauna y sociedad.
Hace unos días, después de casi un mes que se anunciara, se publicó el documento donde se encuentra la Ley de Bienestar Animal. En él se recoge de manera detallada los derechos de los animales y las obligaciones de las personas que deban tratar con ellos, tanto sea por su labor, por necesidad o empatía. Más allá de la satisfacción de una lucha que llega a feliz término, no podemos olvidar que aún queda por lograr lo más importante: su correcta ejecución, en un primer momento, y luego como un macro motivo, eliminar cualquier manifestación de maltrato o violencia hacia los animales.
Como se planteó con anterioridad, la interrelación del hombre y los animales resulta un punto importante del documento. “…la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten”, define el mismo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que mientras los primeros lo que poseen son hábitos e instintos de supervivencia, las personas sí se encuentran sujetos a otras variables que condicionan sus comportamientos como la economía y la cultura; y la Ley ipso facto no modificará estas dos variables.
El Decreto necesita para su correcta aplicación un andamiaje institucional que no existe o que no es funcional, por ejemplo un sistema de clínicas veterinarias y acceso a medicamentos económicos como vacunas, antibióticos y desparasitantes. Estas constituyen necesidades fundamentales, explícitas en el documento, para el cuidado de las mascotas.
También pide que estos últimos para transitar por la vía pública posean un chip, una collar, un solapín que los identifique y en el caso de los perros, si son de mediano o gran tamaño, un bozal. Pueden parecer menudencias, pero estos son implementos que en Cuba no sobran y que no existe la costumbre de emplear.
Con respecto al manejo de las poblaciones de animales callejeros, también en el texto se estipula una serie de acciones a tomar que necesitan estar respaldadas por una infraestructura bien engranada y con una logística adecuada. La coyuntura económica por la que transita el país en el momento no facilita que se empleen recursos con este propósito.
El hombre se acoge a una serie de prácticas que imponen su contexto social, geográfico y cultural. Transformarlas no resulta un proceso sencillo, porque muchas de ellas se encuentran bien arraigadas dentro del subconsciente colectivo; incluso, algunas pueden llegar a ser ilegales, sin embargo se les entiende como moralmente correctas. La existencia de una legislación no significa el subsecuente cambio de dichas costumbres.
Ahí quizás radique uno de los mayores retos de la Ley de Bienestar Animal la transformación para bien de dichas prácticas. Para ello, más allá de la imposición de sanciones se debe realizar una labor constante de educación y así tal vez las generaciones del futuro no compartan nuestros vicios y deslices de consciencia. A la vez puede ser un atenuante en lo que se crea y perfecciona la infraestructura necesaria para la correcta aplicación. Todas las patas deben mantenerse en el aire, como muestra de que la lucha solo ha ganado uno de las batallas, pero que todavía queda muchas por vencer.
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